Hace unas semanas comentábamos que la policía brasileña de Río de Janeiro no andaba con medias tintas, pues la uruguaya de Maldonado-Punta del Este tampoco, se dispuso a expulsar del principal balnerario uruguayo a toda aquella persona que teniendo antecedentes penales no justifique su estancia en el balneario.
Sin dudas un hecho sin precedentes exceptuando medidas en régimenes fascistas que creíamos habían quedado atrás muy antaño, extraña siendo el Frente Amplio quien gobierna en Uruguay se atreva a tomar estas medidas que las toma al verse desbordado ante la amenaza de la delincuencia a una fuente de ingreso como el turismo de lujo que es preciso preservar y proteger por todos los medios.
“Si no hay seguridad, no hay turismo”, fundamentó la jueza Adriana Graziuso, quien dictaminó la norma el verano pasado, en declaraciones que publicó ayer el diario El País.
“Cada vez que se detienen personas se da cuenta a los juzgados, se las indaga por falta de documentación, por actitudes sospechosas, tratamos de averiguar qué es lo que está haciendo”, indicó.
“Si la persona no está haciendo nada, nadie lo va a obligar a irse a ningún lado. Pero en general los antecedentes de los que vienen a Maldonado son rapiñas y hurtos”, agregó la jueza Graziuso.
La jueza dijo que los primeros expulsados de este año fueron una pareja de adultos, que llegaron al balneario con sus hijos menores “para robar por Gorlero.
Además de la “expulsión preventiva”, que levantó críticas en defensa de la libre circulación de personas, los próximos días comenzará a funcionar un sistema de cámaras de seguridad de alta definición, que vigilarán toda la península.
Asimismo, el periódico añadió que la policía local contará con el apoyo de un equipo de efectivos de la Dirección de Investigaciones que trabajarán vestidos como civiles.
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